Los riesgos de recurrir a las empresas ‘desokupa’: propietarios que acaban investigados
Francisco de Borja Legazpi Buide, Director de López de Rego & Asociados, entrevistado por el diario digital El Independiente sobre el grave problema de la ocupación de viviendas
Expertos en Derecho Civil alertan de que los dueños de los domicilios podrían incurrir en delitos de amenazas o un allanamiento de morada al contratar a empresas cuyos procedimientos están al borde de la ilegalidad
La ocupación ilegal de segundas residencias o viviendas vacacionales es un problema que España arrastra desde hace décadas, agudizado en los últimos años especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca.
La falta de claridad en la legislación y la colisión del derecho a la propiedad con el del reconocimiento a disfrutar de una vivienda digna y el de la inviolabilidad del domicilio lleva a algunos propietarios a enrolarse en procesos legales que se prolongan durante años para conseguir el alzamiento de la vivienda ocupada. De ahí que algunos, a la desesperada, recurran a los servicios de empresas de desocupación que prometen sacar al inquilino indeseado en menos de 72 horas «sin problemas».
Expertos en Derecho Civil advierten: el remedio puede ser peor que la enfermedad y el propietario puede acabar «acusados de amenazas o incluso de allanamiento de
morada. Es recomendable asesorarse de un abogado especialista puesto que los okupas también suelen estar asesorados», explica Juan Carlos Burguera, del despacho valenciano Burguera Abogados.
48 horas, la clave del desalojo
Los abogados consultados por El Independiente explican que el tiempo es una de las claves para poder expulsar a la persona que ha ocupado ilegalmente y contra la voluntad del propietario una vivienda utilizada por éste (sea a diario o únicamente en períodos de vacaciones) sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden desealojar sin orden judicial en las primeras 48 horas. Después, pueden pasar meses hasta tener una resolución judicial
Joan Font, de Castell Abogados en Palma de Mallorca, explica que «lo primordial es saber la fecha de la ocupación ilegal, ya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden desalojar, sin orden judicial, en las primeras 48 horas. Si han pasado esas 48 horas, la traba más importante es el tiempo, ya que los Juzgados están saturados y pueden pasar meses hasta tener una resolución judicial que mande el desalojo». Por eso, el experto insiste en que «si es una ocupación y aún no han pasado las 48 horas, hay que acudir inmediatamente a la Policía. Si han transcurrido más de 48 horas, se deberá acudir a la vía civil e interponer demanda de desahucio por precario».
El letrado explica que «el porcentaje de segundas residencias y de casas vacacionales hace que aumenten los casos de ocupaciones ilegales en dichas viviendas, ya que los conculcadores de la ley saben que en éstas es más fácil que el propietario no se de cuenta hasta bien pasadas las 48 horas (en la mayoría de casos meses) y, por lo tanto, se deba iniciar un procedimiento lento».
Instrucción fiscal de Baleares
Para los abogados consultados, el problema de la ocupación ilegal de residencias vacacionales reside, en gran parte, en la falta de legislación y los vacíos de los códigos de arrendamiento urbano que no tienen en cuenta que hay un tipo de ocupación por «necesidad» y otra por «ilegalidad», así como tampoco distinguen el tipo de viviendas ocupadas entre segundas residencias y bloques abandonados o propiedad de entidades financieras.
«No se protege al propietario y se han llegado a dar casos en los que éste continúa sufragando los gastos de agua o electricidad de quienes ocupan sus viviendas para que vivan con condiciones adecuadas», explica Francisco de Borja Legazpi, director del despacho madrileño López de Rego & Asociados, quien también alerta de que quien ocupa una vivienda acaba teniendo más derechos sobre ésta que el propietario con título y la inviolabilidad de domicilio protege al primero.
El año pasado, el fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, emitió una instrucción dirigida a Policía Nacional, Local y Guardia Civil en la que estableció unos criterios de actuación para desalojos sin necesidad de orden judicial atendiendo a los intereses legales que hay en conflicto. Así pretendía dar una solución a la falta de uniformidad en las respuestas jurídicas contra el problema de la ocupación.
En ésta se establece que las situaciones serán distintas entre los inmuebles ocupados o desocupados por su titular. En el caso de los primeros, el fiscal superior explica que la Policía podrá entrar en la vivienda y echar a los ocupantes sin orden judicial por un delito leve de allanamiento de morada -agravado cuando hay violencia o intimidación- si el propietario está fuera de la casa accidentalmente o se encuentra hospitalizado, por ejemplo, aunque transcurrieran más de 48 horas.
En el caso de segundas residencias de las que el propietario sólo disfruta determinadas épocas del año, la instrucción aclara que el Tribunal Constitucional, en hasta tres sentencias de 1999, identificó el domicilio como un espacio para desarrollar la vida privada, como último reducto de la intimidad personal y familiar, y por tanto dispone de la misma protección que la primera vivienda. Por consiguiente, también considera que en estos casos la Policía también puede desalojar.